Por mucho menos de lo que hizo (en rigor, de lo que no hizo) el fiscal Carlos Albaca, la Corte Suprema promovió recientemente la remoción del cargo de Gustavo Pereyra, defensor de Menores del Centro Judicial de Concepción. Cuando el proceso estaba en marcha, el funcionario dimitió para jubilarse y la Legislatura archivó el trámite. En sorprendente contraste, desde febrero último, Antonio Gandur, titular del máximo tribunal, tiene en su escritorio el descargo del fiscal en la picota, junto con el informe que instruyera la fiscal de Cámara Marta Ignacia Jerez. En el dossier evalúa con durísimas consideraciones la actuación de su par de rango menor en la pesquisa del crimen de Paulina Lebbos. También está en manos de Gandur el dictamen del ministro fiscal de Corte, Luis De Mitri. Éste comparte en toda la línea el reporte de Jerez.
Lo menos que dice la instructora del sumario es que Albaca, con su inacción durante siete años, contribuyó a la parálisis de la causa. Impuso el secreto del sumario sin permitir que en ese lapso Alberto Lebbos -padre de la víctima y querellante- se cerciorara de su contenido. Obra en poder de la Corte, además, el informe de Anses, comunicándole oficialmente que Albaca no está en condiciones de jubilarse con el 82% móvil, por no tener en regla los aportes previsionales. La novedad la transmitió al PE, para que el mandatario “proceda según corresponda”. Y ahí se frenaron los supremos, sin avanzar un paso más.
En realidad, la Corte se hizo eco de un trámite jubilatorio de vieja data, iniciado por Albaca en 2012. Mediante la resolución 120/13, de fecha 7 de marzo/2013, Anses desestimó “la solicitud de jubilación del requirente”. Es decir, entonces la Corte ya sabía que el fiscal no podía acogerse al retiro. Esto consta en la acordada de la Corte 343/14 del 30 de abril último. Albaca presentó su dimisión condicionada ante el órgano de justicia el 23/01/2014 y Alperovich la aceptó el 23/04/2014.
Queda en evidencia que la Corte juega a dejar hacer, dejar pasar, de modo que el tiempo amengüe las consecuencias. A pesar del poder de superintendencia que ejerce, no tomó una rigurosa medida disciplinaria. Lo impone la gravedad del asesinato de la estudiante. Es de imaginar que no saldrá con un llamado de atención, ni un simple apercibimiento. Su inamovilidad y el mutismo llevan a la sociedad a pensar que es partícipe del blindaje de impunidad que viene denunciando Lebbos. No otra conclusión corresponde -guste o no- muros adentro y afuera del Palacio de Tribunales. Al margen de lo que pudiera hacer el contador Alperovich, la Corte, por su cuenta como poder autónomo del Estado y por respeto a sí misma, pudo ya haber requerido la destitución del fiscal de marras. Tarda demasiado. ¿No quiere pisar la cola del león por terror a despertar su ira? Mira el desenlace a la distancia, sin comprometerse.
El caso Lebbos, cada día más complejo y sin las prontas respuestas que exige, devino cuestión de Estado. Lleva en sí un montón de anomalías y omisiones jurídicas en la investigación, junto con un detonante político con triple impacto. Sus esquirlas alcanzan por igual al gobernador, a la Corte y a la comisión de Juicio Político. Ante este comité, bajo control de Alperovich y al timón del todo terreno alperovichista Sisto Terán, el PRO reiteró el pedido de procesamiento contra el funcionario del Ministerio Público Fiscal. En base al sumario de Jerez, lo acusa de mal desempeño en la pesquisa del femicidio de la estudiante, en oscuras circunstancias. El legislador Alberto Colombres Garmendia acaba de ratificar la denuncia, agregándole el dictamen de De Mitri. La UCR no planteó la misma acción, porque José Cano, diputado y titular del partido, se encuentra en Estados Unidos. A su vuelta, la concretará y adicionará el pedido de enjuiciamiento del fiscal de Corte.
En el caso Lebbos, la Corte mira a ratos al sótano y a ratos al cielorraso. Y nada decide. ¿Espera que Alperovich baje órdenes a la Comisión de Sisto Terán de defenestrar a Albaca? A su vez, el PE sigue sin pronunciarse sobre el decreto de la discordia por el cual aceptó la renuncia condicionada del funcionario. ¿Dejará sin efecto el acto administrativo?
Acorralado por las amenazas de juicio político, al permitir su alejamiento, el zar cerró el trámite y salvó de la hoguera al fiscal. A éste, Lebbos lo responsabiliza como el principal encubridor del crimen de su hija.
Ante el sólido informe de Jerez, Albaca en su descargo se sepultó solo, al sostener que la muerte de Paulina fue por causas naturales y no como consecuencia de un feroz ensañamiento. Fue más lejos todavía. Y negó el encubrimiento destapado después por su sucesor, Diego López Ávila, a poco de tomar la causa. Éste mandó a la cárcel a dos sujetos que usaron el celular de Paulina el día de su desaparición. Por su parte, la Cámara Penal procesó por encubrimiento a tres policías de la comisaría de Raco y a dos jerarcas de la fuerza. Ante el fracaso de Albaca, la Corte empujada por la Casa Rosada encomendó, finalmente, al fiscal López Ávila continuar con la pesquisa.
Con las pruebas que obran en su poder, la Corte, antes que nadie, debió haber solicitado al Parlamento la separación inmediata del fiscal. ¿Por qué la inexplicable y sospechosa tardanza? ¿Qué hará con el vitriólico sumario contra Albaca? ¿Meterlo en un anaquel y taparlo con el olvido? Con su actitud morosa huye hacia adelante, en la creencia de que salva sus ropas. La mirada de la sociedad está clavada en la testa del Poder Judicial, pendiente de sus pasos. Es la mejor ocasión para la Corte de revertir la menguada imagen ante la opinión pública por su sempiterna complacencia con el poder de turno. A punto tal, que sus fallos con carga política son definidos con un ojo puesto en la Casa de Gobierno y el otro en el expediente a resolver. Es hora de acabar con su inveterada sumisión y recobrar su prestigio de otrora cuando lucía como un poder independiente, distante de la toxicidad política. Sería un buen gesto en favor de la salud republicana.
El Colegio de Abogados, al parecer, va a despertar de su larga siesta. En la sesión del miércoles próximo trataría el caso Albaca, y se sumaría a la ristra de pedidos de juicio político.
El dictamen -no vinculante- de De Mitri, a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Corte, es una pieza única para la antología de la contradicción. No deja de sorprender. Intenta salvarse y se hunde él mismo, al confesar que “nunca tuvo contacto con el expediente” y, por tanto, admite que no lo conocía. ¿Dónde vivía? ¿En Ganímedes? ¿No leía los diarios, no veía televisión, no se enteró de la marcha de los jueves de Lebbos? ¿No es su misión específica, acaso, controlar a los fiscales bajo su mando y saber de qué se trataba sobre todo un caso tan sensible como el de Paulina, que sacudió el país? La misión del fiscal de Corte, determinada por la Ley Orgánica de Tribunales n° 6238, entre sus obligaciones está la de “vigilar la recta y pronta administración de justicia, denunciando los abusos y malas prácticas que notare en los Tribunales o sus funcionarios”. Y añade: “A ese fin, deberá inspeccionar las veces que estimare necesario, por lo menos una vez al año. De ello informará a la Corte, sugiriendo las medidas conducentes a una mejor prestación del servicio”. Por lo tanto, se desprende que De Mitri tiene la misma responsabilidad que Albaca.
El paper resulta autoincriminatorio sobre su desempeño personal. Al adentrarse en su lectura con detenimiento, se comprueba que en los siete años que la causa estuvo a cargo de Albaca, De Mitri sólo intervino en dos oportunidades: en 2006, cuando separó a Alejandro Noguera, primer fiscal del caso Lebbos, por su visita nocturna al gobernador en su residencia; y 2013, en el inicio del año judicial.
¿En ese largo interregno no supo lo que hacía o dejó de hacer el fiscal de instrucción penal de la II Nominación?
Según sus propias palabras, Albaca “no efectuó un mínimo análisis de la causa” e incurrió “en conductas que evidencian el incumplimiento de sus deberes, lo que implica mal desempeño” y “un menoscabo intolerable en la administración de justicia”. Albaca lo había acusado a él de incumplir su papel en el rango superior. Hoy, denuesta al ex director del caso Lebbos; antes lo defendía a ultranza. En 2013 reveló que disponía de un informe que justificaba la negligencia de su controlado. “La demora -decía- se debe a cuestiones técnicas y no al mal desempeño del fiscal Albaca”. Poco tiempo después tuvo que despojarlo del expediente, entregando la causa a López Ávila. ¿Antes tuvo buen desempeño y ahora no? ¿En qué quedamos?
En la Legislatura el procesamiento no nato aún contra Albaca ¿terminará en la nada como lo de Marianela Mirra, por el silencio corporativo de la tribu oficialista, contribuyendo a la hermeticidad del encubrimiento?